Durán & Durán

La Ley del Mercado de Valores, en sus artículos 38 y 124, imponen la obligación del emisor a indemnizar al inversor y al titular de los valores, respectivamente, por la totalidad de los daños ocasionados a los mismos, derivados del incumplimiento del deber de reflejar la imagen fiel de su situación financiera.

El supuesto que abordamos es bastante habitual, pues en no pocas ocasiones los padres ceden a los hijos el uso de un piso o vivienda para que sea ocupado, con su pareja-cónyuge y nietos, como vivienda familiar.

Las malas prácticas y el abuso del Derecho, en ocasiones, se utilizan para eludir las obligaciones contraidas. En esos casos, la respuesta legal puede buscarse en la jurisdicción penal -en los casos más graves-, pero nuestro ordenamiento jurídico también tiene previstas soluciones en la jurisdicción civil para evitar que, mediante el fraude y la simulación de negocios supuestamente lícitos, se pretendan eludir las responsabilidades asumidas.

El Tribunal Supremo en la reciente sentencia núm. 679/2021, de fecha 6 de octubre de 2021, ha resuelto un supuesto ciertamente peculiar, que permite delimitar las diferencias entre la acción individual y la acción social que puede interponer un acreedor contra el Administrador de la sociedad que ha incumplido su obligación de pago.

El Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 27 de septiembre de 2021, reitera que el dinero privativo de uno de los cónyuges, aportado por el mismo a la cuenta conjunta del matrimonio, y utilizado para satisfacer gastos de la sociedad de gananciales, no se presume que tenga carácter ganancial, ni que fuese aportado a título gratuito.

En no pocas ocasiones acuden al despacho clientes, concretamente hermanos, sobrinos o familiares, que exponen situaciones en los que alguien de la familia, aprovechándose de la falta de capacidad intelectual o, incluso, física de un familiar -padre o madre-, le lleva ante un notario para que le confiera poderes generales, con facultades para vender, transmitir y/o hipotecar cualquier bien del familiar.

En no pocas ocasiones, al celebrar un contrato entre empresarios, se incluyen cláusulas, denominadas penales, en virtud de las que se acuerda que si una de ellas incumple con sus obligaciones, se aplicará a dicha parte incumplidora una penalización económica, que se determina en el propio contrato. Puede pactarse en cualquier tipo de contrato, sea de arrendamiento, distribución, intermediación, etc…