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Desde principios del año 2020, y coincidiendo con la aparición del Covid -19, han proliferado –preocupantemente– a lo largo de todo el territorio nacional tanto las estafas telefónicas como las cometidas a través de internet, especialmente las que consisten en inversiones en divisas, materias primas, criptomonedas y otros produces de cierto atractivo inversor.
Bajo la promesa de obtener unos altos rendimientos en muy poco tiempo, y asegurándonos que el capital invertido no corre ningún riesgo, una red de comerciales perfectamente instruidos para asediar y finalmente convencer a la víctima de que haga la inversión, se hacen con su dinero, pero de un día para otro se da cuenta de que ha sido engañado y que su dinero ha desaparecido.
Para que se entienda bien esto, pondremos dos ejemplos.
El primero de ellos nace con ocasión de una entrada y registro policial en las oficinas de una empresa dedicada a la inversión, en la que encontraron las fuerzas policiales libretas con nombres y teléfonos de potenciales “inversores”, pero todo ellos etiquetados: “pringados”, “listillos”, etc. Los estafadores tenían perfectamente diseñado lo que tenían que decir a cada tipología de clientes para ser capaces de lograr las disposiciones patrimoniales.
El segundo ejemplo tiene que ver con la apariencia de las cosas. En otro caso, los estafadores había desarrollado un software de inversión que hacía ver a las víctimas lo que realmente no era. Concretamente, la víctima veía en el programa informático inversiones -compras y ventas- que a la hora de la verdad no eran reales. Cuando el cliente quería retirar el dinero, no había ninguna inversión y el dinero se había esfumado.
Ante estas situaciones, sucede en muchas ocasiones que un sentimiento de culpa y vergüenza colapsa a las víctimas y no saben qué hacer. Sentimiento que es absolutamente comprensible, pero deben tener muy en cuenta que, ante todo, son víctimas de una organización que está perfectamente diseñada para delinquir. Dicho de otro modo, son víctimas de un grupo de expertos en el engaño.
Si bien es cierto que cuando somos conscientes de que nuestro capital se ha perdido, el derrotismo nos inunda, existe margen para la esperanza porque, pese a todo, como se suele decir: “sigue el rastro del dinero y hallaras al culpable”. Es por ello por lo que tenemos que acudir y confiar en los Tribunales, y sobre todo en los grupos especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizan un trabajo absolutamente encomiable para la identificación, detención y puesta a disposición judicial de aquellas personas que se encuentran y forman parte de estas organizaciones.
Nos enfrentamos a procedimientos en los que se suele desconocer la identidad de la persona que se encuentra al otro lado del teléfono o que nos envía un correo electrónico comunicándonos los rendimientos que se han obtenido esa semana. El delincuente se refugia en el anonimato que le ofrecen las redes sociales o internet, extremo que el otorga un plus de complejidad a los procesos, pero en ningún caso obstaculiza el buen desarrollo del procedimiento.
La realidad es que son procedimientos largos y complejos, sin embargo ocurre que este tipo de organizaciones acaban siendo desmanteladas, obteniendo información sumamente útil sobre su operativa y modus operandi y de la que se extrae experiencia para otras estafas similares.
El objetivo de este artículo no es otro que transmitir un halo de optimismo y esperanza a aquellas personas que hayan sido víctimas de este tipo de estafas a que busquen asesoramiento, denuncien su situación y confíen en el trabajo de los operados jurídicos (Jueces, Fiscales, Abogados…) y sobre todo de los grupos especializados en delincuencia económica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicen que la justicia tardía no es justicia, sin embargo, la realidad es que desde la perspectiva de las víctimas es mejor tarde que nunca.
Con todo, si que es conveniente que ante las fugas de capital como consecuencia de los miles y miles de los actos diarios de ciberdelincuencia económica, el Estado español, junto con el resto de, por lo menos, Estado de la Unión Europea refuercen los mecanismos de cooperación y lucha conjunta contra este tipo de delincuencia que cada vez más está desplazando a la vieja delincuencia económica clásica “del robo y el hurto” y afecta a sus ciudadanos.
De igual manera, y como última reflexión, es momento de exigir unos estándares mucho mayores a nuestra entidades financieras para que desplieguen verdaderos mecanismos eficaces que hagan saltar las alertas ante desvíos masivos -por muy pequeños que sean- a cuentas corrientes ubicadas en el extranjero. Y, en esos casos, automáticamente se bloquee cualquier operación para evitar, precisamente, fugas de capital a países extranjeros que indiciariamente podrían estar trayendo causa en un delito de estafa. Las entidades financieras no sólo deben guardar nuestro dinero, sino también protegerlo.
