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El despido y la dimisión producen efectos directos sobre la relación laboral. Una vez extinguida, una de las partes no puede decidir unilateralmente revocar su decisión. Pero ¿qué ocurre si el arrepentimiento llega durante el periodo de preaviso, esto es, después de haber comunicado la decisión, pero antes de la fecha de efectos del cese?

El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, dispuso incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales por jornada completa. La redacción del Real Decreto ofrece dudas razonables sobre que conceptos se entienden incluidos dentro de los 900 euros. Así, el artículo 2 del Real Decreto afirma que al salario mínimo consignado (900 euros) se adicionarán los complementos salariales regulados en el art. 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, más el importe correspondiente al incremento sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.

El despido se configura como una de las posibles causas de extinción de un contrato de trabajo. Nuestro ordenamiento jurídico regula los distintos tipos de despido, a saber, colectivo, por causas objetivas y disciplinario (arts. 51, 52 y 54 ET). Al tratarse de una decisión unilateral del empleador, el despido debe cumplir con las exigencias formales y de fondo que se regulan en la Ley y en los convenios colectivos de aplicación.

Una reciente Sentencia dictada por un Juzgado de lo Social de Valencia ha resulto una demanda interpuesta por un repartidor de Deliveroo -en apariencia autónomo-, frente a dicha mercantil en materia de despido.

El Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, introdujo la obligación empresarial de realizar un registro diario de la jornada. En relación con esta nueva obligación el 14 de mayo de 2019 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó una guía sobre el registro de jornada al que podréis acceder en el siguiente enlace: Guía sobre el Registro de Jornada.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre cómo debe llevarse a cabo la primera comunicación judicial al demandado cuando éste es una empresa y dispone de dirección electrónica habilitada.