Las consecuencias de un posible fin del estado de alarma en el sector de Hostelería

Los efectos de un posible rechazo a la prórroga del estado de alarma mañana en el Congreso generarían más de un quebradero de cabeza en el sector turístico. Ante las dificultades del Gobierno para lograr apoyos a la iniciativa, (el PP ya ha anunciado que lo rechazará sin especificar si se abstendrá, Esquerra votará no y el PNV se está planteando su postura tras una negativa inicial), de no salir adelante el mecanismo, el sector quedaría en un impás que le acarreará inseguridad jurídica. Las empresas turísticas tendrían que renovar los ERTE por fuerza mayor en tanto el Ejecutivo no desarrolla una fórmula para su ampliación y volverán a depender de las disposiciones que dicten las autonomías, según explicó a este diario, Miguel Ángel Durán, Socio y Codirector de Durán & Durán abogados.

Antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, muchas comunidades habían ordenado el cierre de los establecimientos, recuerda Durán. «Esas órdenes siguen estando en vigor, aunque el estado de alarma decayera continúan estando vigentes», remarcó.

Asimismo, en esta hipotética situación de que no continuara el estado de alarma, los titulares de establecimientos que hubieran solicitado el ERTE tendrían que pedir la renovación del expediente, destacó el abogado, quien llamó a los empresarios a no confiarse pensando que se renovará automáticamente.

«Aquí todo el mundo ha planteado fuerza mayor en base a la situación provocada por el estado de alarma. Si la autoridad de la comunidad autónoma prohíbe abrir sigue existiendo ese motivo que justifica la fuerza mayor. Las circunstancias serían exactamente las mismas», señaló Durán, quien abogó por que al mismo tiempo que este expediente se solicite además de forma subsidiaria el de causas productivas para aquellos casos en que la autoridad contemple que no se cumplen los requisitos de fuerza mayor en aras de ganar tiempo.

Una cosa que sí podría cambiar, a su juicio, son algunas condiciones beneficiosas de estos ERTE por fuerza mayor para empresas ligados al estado de alarma, como la exención del pago de las cotizaciones sociales.

No obstante, el socio de Durán & Durán consideró que no tiene por qué llegarse a este extremo, dado que el Ejecutivo dispone de mecanismos legales adecuados para poder ampliar estos ERTE, como por ejemplo los reales decretos.

«El Gobierno puede adaptar la normativa con carácter inmediato para que aunque no estemos en estado de alarma los ERTE continúen vigentes mientras la prohibición de abrir se produzca», incidió.

Al respecto, se mostró confiado que el Gobierno vaya a adoptar medidas en esta línea, dado que los ERTE le permiten no contabilizar a esos afectados como paro, «por lo tanto tendrá todo el interés en que eso se mantenga lo más posible».

En este punto, resaltó que es «de justicia» que estos expedientes puedan continuar en la misma situación sin necesidad de realizar más trámites. «No hay motivo para obligar a los empresarios del sector a tener que renovar o realizar nuevas solicitudes, no debería ser necesario porque provoca inseguridad, no solo en los empresarios sino incluso en los trabajadores», abundó el abogado, quien censuró que por culpa de la pugna entre Gobierno y oposición se mantenga «a toda la población y a todo un sector como el turístico en este impás de inseguridad absoluta».

«Es una lástima que los ciudadanos y empresarios no sepamos qué va a suceder cuando los políticos lo que tienen es que transmitir seguridad y un horizonte medianamente claro», lamentó el abogado, quien indicó que esta situación no se ha producido en otros países de nuestro entorno.

Ayudas económicas

Por otro lado, el fin del estado de alarma no afectaría a todas las medidas de apoyo financiero aprobadas por el Ejecutivo. «Esas líneas ICO están aprobadas ya, las siguientes las pueden seguir aprobando igualmente, no hay ningun inconveniente, basta con que exista voluntad política», subrayó.

En cuanto a las fases de desescalada que ya estaba en marcha, ante esta nueva situación, o bien las comunidades podrían decidir su propio programa o bien el propio ministerio de Sanidad podría establecer normas de carácter general que deban ser acatadas por las comunidades. «Lo que no se va a producir es que ni el Gobierno ni ninguna comunidad vayan a permitir que no prorrogado el estado de alarma cualquier empresario abra sin condiciones. El hotelero se tendrá que someter a las normas que establezcan las autonomías o Sanidad», subrayó Durán.

«El estado de alarma es un instrumento, pero no es el único para establecer la regulación de la actividad hotelera en España», recordó.