‘Compliance officer’: cómo evitar delitos en su compañía

  • Las empresas están obligadas a adoptar un modelo de prevención de riesgos tras la reforma del Código Penal
  • Los penalistas Durán y Navarro se unen para detectar juntos delitos

Dos de los penalistas con más experiencia del país, Juan Carlos Navarro y Miguel Durán, se han unido para crear en España uno de los primeros despachos jurídicos que aborda de forma integral, transversal, protocolos de cumplimiento para cubrir responsabilidades penales de personas jurídicas tras la reforma del Código Penal. Los jueces ya pueden imputar a empresas públicas o mixtas investigadas penalmente como Imelsa o Feria Valencia; o partidos políticos.

Así, Navarro&Durán guiarán a sus clientes para generalizar la cultura de la legalidad entre las empresas españolas y mejorar los departamentos que se encargan de vigilar malos comportamientos. Sobre todo porque, en caso de condena, desde ahora los tribunales pueden ordenar hasta la disolución de las empresas investigadas si antes no han redactado protocoles que busquen acabar con la corrupción, pública o entre particulares. Durán y Navarro conocen bien este fenómeno: ambos asisten a destacados acusados del caso Gürtel, de Rafael Blasco o el cártel del fuego. En el proyecto colaboran catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universitat de València y el despacho tendrá sedes en Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla.

La reforma del Código Penal exige a todas las empresas diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos. Así ha surgido en España la figura del compliance officer, el responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.

«La reforma incluye una serie de medidas penales, como la suspensión de actividad, que pueden atenuarse con protocolos de prevención» explica Durán, ex director general de la ONCE. La iniciativa legislativa puesta en marcha busca que las personas jurídicas tomen nota de lo sucedido en los últimos años y, al igual que existen planes de prevención de riesgos laborales, que las empresas vigilen comportamientos que puedan ser delictivos.

«Primero se estudia la actividad de la empresa y se evalúan los tipos penales que son más propios dentro de esa actividad. A continuación se estudian los tipos que puedan ser más específicos para detectar las conductas más habituales para corregir malas prácticas» explican los penalistas.

Por ejemplo, una residencia geriátrica tendrá que prevenir una mala praxis; de la misma manera que la sociedad pública Imelsa o Feria Valencia tendrán que advertir una eventual imputación de malversación de fondos públicos o apropiación indebida. Con el compliance officer, si estas sociedades son citadas por un juzgado en un proceso penal, trasladarán que están en condiciones de acreditar que cuenta con un protocolo de prevención penal, que han hecho todo lo que estaba en sus manos por evitar los delitos.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incluyó en la legislación porque muchas veces, al investigar un delito cometido en el seno de una empresa, tras largos de procedimiento no es posible llegar a atribuir la responsabilidad penal a ninguna persona física, o la persona contra la que se ha dirigido la acción penal no acaba siendo condenada pues en la misma no concurren todos los elementos del tipo penal que se pretende aplicar.

Atenuantes

El Código Penal establece que sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber confesado, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, la infracción a las autoridades.

También haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos -ocurre también en las personas físicas, de ahí que el yonki del dinero, Marcos Benavent, no haya sido detenida en la Operación Taula-. O haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces, correctoras, para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. Esas medidas son en las que trabajarán Durán y Navarro.

1 Comentario

  1. Oscar dice:

    Pues es interesante, ya que tal y como están las cosas, es como para que se tenga muy en cuenta las responsabilidades penales de las empresas.

    Sobretodo las que han trabajado con Administraciones públicas de Comunidades dirigidas por partidos políticos de muy dudosa reputación.

    Gracias.

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